Según el diario El Mundo, las escuchas del caso Brugal y la presunta compra de partidos apuntan que el máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, envió hasta Huelva a Tote para que intentara comprar al Recreativo de Huelva para que se dejara perder. Tote estaba sancionado y no podía jugar, pero se desplazó igualmente a la capital onubense sin éxito en la misión encomendada. No ha trascendido la cantidad que le fue ofrecida al Decano. 
 
Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción parece dispuesta a agotar todos sus cartuchos para que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Consejo Superior de Deportes (CSD) disponga de pruebas sobre la presunta compra de partidos por parte del Hércules durante la pasada temporada. El Ministerio Público recurrirá probablemente en unos días el auto del juez José Luis la Fuente que rechazaba esa posibilidad porque se verían afectados derechos como la intimidad y el secreto de las comunicaciones, según fuentes de la acusación pública. 
 
El magistrado, titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante, ha dictaminado que la legislación no ampara la restricción de esos derechos fundamentales para perseguir infracciones administrativas. En su opinión, que se fundamenta en diversas sentencias del Tribunal Constitucional y el Supremo, las intervenciones telefónicas únicamente son legales si se realizan para esclarecer delitos graves. Y en este caso, ni siquiera hay delito. La corrupción en el mundo del deporte no lo será en España hasta finales de este mismo año, cuando entre en vigor la reforma del Código Penal.